La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República presidida por el legislador Juvenal Silva presentó el “Libro Blanco de la Seguridad Vial”, elaborado por un comité multidisciplinario dirigido y coordinado por el Dr. Máximo Charapaqui Poma, Presidente de la Asociación Civil Vías Seguras.
Este importante documento que ha reunido diferentes programas de instituciones públicas y privadas resalta entre sus diferentes medidas y programas reducir a cero el máximo permisible de ingesta de alcohol para los conductores.
El Libro Blanco de la Seguridad Vial es de suma importancia por cuanto en él se establecen propuestas operativas dirigidas a cada uno de los distintos estamentos e instituciones públicas y privadas que deberán implementarlas para disminuir los accidentes de tránsito, actual problema epidemiológico de nuestro país. Estas propuestas fueron metodológicamente divididas en tres niveles de intervención y concebidas en cada nivel de acuerdo a cada factor generador de accidentes de tránsito: el vehículo, las vías y el factor humano.
En el nivel primario están consideradas las medidas que prevendrán los accidentes de tránsito, tales como reducir a cero la ingesta de alcohol permisible entre los conductores, evaluar periódica y obligatoriamente con exámenes médicos y psicológicos a los operadores de empresas de transporte de carga y pasajeros, con el fin de verificar las condiciones físicas y mentales de éstos, antes que se integren a la plana laboral.
También se identifica a los jóvenes de entre 18 y 24 años que brindan servicios de transporte de pasajeros y carga, como el grupo de mayor riesgo en la incidencia de accidentes de tránsito, para lo cual el documento propone prohibir el consumo de cualquier sustancia enérgico-psicoativa como alcohol y marihuana, a través de la reducción total de los rangos permitidos en la ingesta de estas sustancias.
Se considera necesario hacer una campaña con la participación del Consejo Nacional de Seguridad Vial, con el fin de implementar señales de tránsito que resguarden la seguridad de las personas mayores de 65 años, que según el INEI, conforman el 7% de la población nacional.
En el nivel secundario se plantea la creación de un área de Auditoría Vial en el Consejo Nacional de Seguridad Vial, el cual tendrá que ser reestructurado para recibir presupuesto de parte del Estado y de esa forma garantizar su correcto funcionamiento y la implementación de sus medidas.
Finalmente, en un tercer nivel de intervención las medidas incorporadas favorecerán una mejor y más oportuna asistencia a las víctimas de los accidentes para evitar consecuencias fatales o irreparables.
Además se incluyen medidas a favor de las víctimas con secuelas temporales o permanentes, como el mejoramiento de los sistemas de comunicación para facilitar el acceso y transporte de los heridos tanto por la red vial urbana como por la red vial de carreteras del país, gracias a la implementación de sistemas de alerta automática en vehículos de transporte público y de carga.